El secretario de Seguridad, Mauricio Andersen, advirtió que el área funciona con la mitad de los fondos necesarios para combustible, se frenaron inversiones clave y el municipio enfrenta el invierno sin una herramienta central aprobada por el Concejo Deliberante.
A fines de abril, con el año ya en marcha y el invierno por delante, la falta de aprobación del Presupuesto 2026 en Villa Gesell dejó de ser una discusión política abstracta para convertirse en un problema concreto de gestión. Uno de los primeros impactos visibles apareció en seguridad.
El secretario del área, Mauricio Andersen, habló con Fernando Brunet en el programa Noticias Geselinas, por Radio Atlántica, y describió una situación delicada: el municipio necesita unos 46 millones de pesos mensuales para sostener el esquema de prevención, pero actualmente dispone de 23 millones. En términos simples, trabaja con la mitad de los recursos estimados para funcionar con normalidad.
La principal consecuencia pasa por el combustible destinado a móviles policiales y Guardia Urbana. Andersen explicó que debió reorganizar por completo el sistema operativo para priorizar la franja nocturna, cuando se concentra la mayor demanda preventiva. Durante el día, varios móviles permanecen detenidos para reservar recursos para la noche.
“Estoy optimizando el combustible para que durante la noche los móviles tengan recorrido y presencia”, señaló el funcionario. El criterio fue claro: sostener la prevención en los horarios más sensibles, aunque eso implique reducir despliegue en otros momentos del día.
Para dimensionar el problema, Andersen hizo una cuenta sencilla al aire. Explicó que una carga promedio de 17 litros ronda los 40.800 pesos por móvil. Si se abastecen 20 unidades por jornada, el costo diario supera los 816.000 pesos. Proyectado a 30 días, la cifra trepa a más de 24 millones de pesos mensuales, y eso contemplando solo una parte de la flota operativa.
Según aclaró, en ese cálculo ni siquiera están incluidos los móviles de la DDI, caballería, narcotráfico ni las motos utilizadas para prevención. Tampoco contempla refuerzos extraordinarios o mayor circulación ante episodios puntuales. Es decir, aun con una estimación conservadora, los recursos disponibles quedan rápidamente absorbidos por la operatoria básica.
La consecuencia práctica de ese desfasaje presupuestario es inmediata. Andersen reconoció que algunas áreas descentralizadas reciben menos combustible y que determinadas unidades viales o de apoyo directamente fueron relegadas en la distribución para sostener el núcleo central de patrullaje.
En otras palabras, el municipio no está discutiendo solamente números en una planilla: está decidiendo qué móvil sale, cuál espera, qué recorrido se cubre y cuál queda pendiente.
La situación no se agota en los patrullajes. Según detalló, también quedaron frenadas inversiones previstas para este año, entre ellas nuevas cámaras de seguridad en las localidades del sur y la ampliación del Centro de Monitoreo de Mar de las Pampas. En una ciudad extensa, con zonas residenciales dispersas y fuerte circulación turística, el sistema de cámaras cumple una función estratégica.
Andersen explicó además que el mantenimiento actual se sostiene con personal municipal capacitado específicamente para esa tarea. Dos agentes trabajan en limpieza, reposición e instalación de equipos. Sin embargo, advirtió que existen componentes con vida útil limitada —como televisores y pantallas de monitoreo— cuya reposición hoy aparece comprometida por falta de fondos.
También mencionó dificultades para cubrir insumos básicos de las dependencias policiales y postergaciones en tareas de reacondicionamiento. Es decir, no se trata sólo de una discusión contable: la falta de presupuesto empieza a sentirse en el funcionamiento cotidiano.
En la entrevista, el secretario describió además un incremento de hechos bajo modalidad “escruche” en las localidades del sur, una forma de robo en viviendas generalmente cometida en ausencia de sus ocupantes. Frente a eso, el área intenta reorganizar caminantes, motos y patrullajes focalizados con los recursos disponibles.
La Guardia Urbana cuenta hoy con 50 agentes distribuidos por turnos, con mayor concentración en la tarde y la noche. También se prioriza el uso de motos, cuatriciclos y unidades más ágiles para sectores donde el patrullaje convencional resulta menos eficiente. En zonas boscosas o de calles más complejas, esas herramientas resultan claves. Pero incluso ese esquema depende del combustible disponible.
Andersen señaló además que mantiene diálogo permanente con autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y con jefaturas policiales para reforzar operativos y coordinar recursos. Mencionó reuniones con distintas áreas para atender hechos recientes y también gestiones para sumar presencia especializada en la ciudad.
Detrás del problema operativo aparece el conflicto político de fondo. El Presupuesto 2026 debía haberse resuelto meses atrás, pero continúa sin aprobación del Honorable Concejo Deliberante de Villa Gesell. Mientras tanto, el Ejecutivo administra con márgenes estrechos y partidas limitadas frente a una inflación que erosiona costos mes a mes.
Andersen evitó sobreactuar la disputa partidaria, aunque dejó un mensaje directo: seguridad y salud deberían quedar al margen del bloqueo institucional. “Son temas sensibles”, planteó, al señalar que el debate político no puede inmovilizar servicios esenciales.
El punto no es menor. Cuando una ciudad discute presupuesto, en apariencia debate números. En los hechos, define combustible, cámaras, insumos, prevención y capacidad de respuesta. Es decir: define Estado.
Con mayo a la vuelta de la esquina y la temporada baja por delante, Villa Gesell enfrenta una paradoja conocida. Las discusiones políticas pueden demorarse. La gestión diaria, no.