La comisión de Hacienda rechazó el proyecto del Ejecutivo y todo indica que el Concejo Deliberante replicará esa decisión en el recinto. Se abre un escenario de conflicto, emergencia financiera y cambio en la forma de gobernar.
El presupuesto 2026 de la Municipalidad de Villa Gesell ya tiene dictamen negativo en la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas del Concejo Deliberante, y todo indica que ese resultado se trasladará al recinto en la próxima sesión ordinaria, prevista para comienzos de mayo. La definición, en rigor, ya está anticipada: la totalidad del arco opositor votó en contra en comisión y no hay señales de que ese posicionamiento vaya a modificarse.
La comisión, presidida por Adrián Domínguez, de la Unión Cívica Radical, rechazó el proyecto junto a Rodríguez, representante de La Libertad Avanza; Peluffo, también de ese espacio; Vivas, identificado con el sector del pastor Gebel; y Rodera, quien integra la comisión en reemplazo de la doctora Sanzo. Todos votaron en contra del presupuesto elevado por el Departamento Ejecutivo. En esas condiciones, el tratamiento en el recinto aparece más como una formalidad que como una instancia de definición real.
De manera que en la próxima sesión ordinaria, prevista para mayo, van a rechazar el presupuesto. Y rechazado el expediente, vuelve al Departamento Ejecutivo municipal. A partir de allí, la pregunta deja de ser política en sentido estricto y pasa a ser operativa: ¿cómo se financia el gasto público 2026 sin presupuesto aprobado?
Lo anticipamos en este espacio, incluso en conversaciones previas como la mantenida con Beto Banquero: un presupuesto no se modifica, se aprueba o se rechaza. Y si se rechaza, no hay un punto intermedio. Lo que se abre es otro escenario.
Ese escenario tiene, en principio, dos caminos posibles. El primero es recurrir al Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires para continuar operando con el presupuesto 2025, aplicando el índice de precios al consumidor de ese ejercicio, estimado en torno al 27 o 28 por ciento. Esto permitiría evitar el desfinanciamiento inmediato del gasto público, aunque bajo condiciones muy ajustadas.
En términos concretos, si el Ejecutivo había planteado un aumento cercano al 37 por ciento y el Tribunal habilita uno en torno al 27, la diferencia se traduce en una administración más restringida. En la práctica, implica sostener el funcionamiento del municipio con un margen reducido, al menos hasta el primer semestre, donde el punto crítico es claro: el pago de salarios y el medio aguinaldo de junio.
Porque el dato estructural no puede ignorarse: el 56 por ciento del presupuesto municipal corresponde a salarios. Ese es el compromiso ineludible. A partir de allí, lo demás —servicios, recolección de residuos, transporte— deberá ajustarse en la medida de lo posible, en un contexto donde los recursos no sobran.
La segunda opción es más dura, más directa y con consecuencias visibles: la transferencia de partidas. Esto implica tomar recursos de áreas que no se van a ejecutar y redirigirlos hacia aquellas que no pueden detenerse. Es, en los hechos, suspender finalidades para sostener otras. Salud aparece como uno de los ejes inevitables, especialmente si continúa la caída de la coparticipación y aumenta la demanda de medicamentos.
Dicho sin rodeos: si la primera alternativa es una administración por goteo, la segunda implica la desaparición de áreas completas durante el ejercicio 2026.
Pero el punto central no es solo cómo se reasignan los recursos, sino qué ocurre políticamente a partir de este rechazo. Porque lo que se rompe es el diálogo. Se termina. La cuerda —delgada, por cierto— que sostenía la expectativa de un acuerdo, se corta.
Y cuando el diálogo político se rompe, lo que sigue no es un vacío: es otra forma de gobernar.
A partir de allí, cada ordenanza que implique gasto sin financiamiento aprobado podrá ser judicializada. Porque la pregunta es inevitable: si no se aprueba el presupuesto, ¿qué se le está exigiendo al Ejecutivo? ¿Cómo se sostiene el gasto sin recursos definidos?
Pero además, y esto es central, el Ejecutivo tiene que prorrogar el estado de emergencia económica-financiera en todas las áreas. No es una opción política. Es una necesidad técnica. Porque si no puede cumplir con las finalidades del gasto y no tiene un estado de emergencia vigente, el Ejecutivo no solo queda limitado en su accionar, sino que puede incluso incurrir en responsabilidades legales.
¿Y qué es un estado de emergencia? ¿Qué significa en términos concretos? Significa que el Estado se reserva el manejo irrestricto de las partidas. Significa que puede suspender servicios desfinanciados. Significa que prioriza, sin intermediación política, aquellas áreas de mayor urgencia o interés social.
Y significa algo más.
Prepárense para un esquema de administración donde el nivel de información también cambia. Donde muchas decisiones no se discuten en tiempo real. Donde el control político se desplaza. Donde, en definitiva, la gestión se vuelve más cerrada y más concentrada. Si el argumento es el rechazo total del presupuesto, entonces la respuesta del Ejecutivo será operar bajo ese mismo nivel de excepcionalidad.
No se puede rechazar un presupuesto en su totalidad sin asumir las consecuencias. ¿Qué significa eso en términos concretos? ¿Que no se pagan salarios? ¿Que no se prestan servicios? La respuesta es que no: lo que ocurre es que se entra en un régimen distinto, donde las decisiones se toman bajo emergencia y no bajo planificación.
Por eso, más allá del gesto político, lo que está en juego es la forma en que se administra el municipio.
Me pregunto cómo está la salud de Gustavo Ciriaco. Porque una administración de estas características, con los dientes apretados, exige conducción técnica sólida, capacidad de respuesta y una gestión permanente bajo presión.
El rechazo del presupuesto no cierra una discusión. La traslada.
Y lo que viene no es una etapa de normalidad, sino de gobierno en condiciones excepcionales.