El 28 de febrero: ¿qué ocurrió realmente?
En las primeras horas del 28 de febrero, se cruzó un umbral que durante años se había evitado.
Desde principios de los años 2000, el conflicto entre Israel e Irán se desarrolló en un plano indirecto: sabotajes, bombardeos calculados, operaciones encubiertas, asesinatos selectivos y advertencias reiteradas sobre una bomba nuclear iraní que siempre parecía estar a semanas de concretarse. La narrativa de inminencia nuclear era constante. Sin embargo, Irán no produjo un arma nuclear. Firmó el acuerdo nuclear con las potencias occidentales, aceptó inspecciones y limitó el enriquecimiento de uranio. En 2018, Estados Unidos se retiró del acuerdo y reimpuso sanciones.
El equilibrio era inestable, pero era un equilibrio. El 28 de febrero dejó de serlo.
Fuerzas israelíes y estadounidenses actuaron en coordinación. La primera oleada del bombardeo utilizó sistemas de largo alcance, incluidos misiles de crucero lanzados desde plataformas navales estadounidenses y ataques paralelos israelíes con municiones de alcance extendido. No fue una operación ambigua ni atribuida en voz baja. Fue declarada oficialmente.
Ese mismo día, el presidente Trump anunció el inicio de “operaciones mayores de combate en Irán”. No habló de acción limitada. No habló de represalia puntual. Habló de eliminar “amenazas inminentes del régimen iraní”. La palabra es clave. No es retórica improvisada. Es lenguaje jurídico.
El 28 de febrero, además, no se presentó como un episodio más en la larga lista de “mensajes” militares. El lenguaje público, el tipo de blancos y la coordinación explícita cambiaron el marco. No se trató solo de golpear infraestructura militar. En la lista aparecieron sedes asociadas a la continuidad del Estado, a su aparato de gobierno y a su conducción política. Y cuando un ataque incluye centros vinculados a la gobernanza, no se está discutiendo únicamente “capacidad”, sino control.
Aquí conviene decirlo sin dramatismo: la diferencia entre una crisis y una guerra suele depender menos del primer impacto que del objetivo declarado después. Cuando el objetivo se formula como cambio de régimen o como desarme estratégico integral, la guerra deja de ser un intercambio y se convierte en un examen de supervivencia. Y los Estados, cuando creen que se juega su supervivencia, suelen comportarse con una previsibilidad incómoda: escalan, dispersan, resisten, buscan socios, abren frentes, miden el costo ajeno.
Un detalle que suele omitirse en la narrativa instantánea es que el factor sorpresa no era total. Irán llevaba semanas anticipando un escenario así, públicamente y en su preparación operativa. Quien espera el golpe no deja las piezas donde estaban ayer. Las mueve, las fragmenta, las guarda y prepara la continuidad. Esa es la lógica de los Estados sancionados durante décadas: no esperan “normalidad”, esperan presión.
La palabra “inminente” y su peso legal
En su declaración, Trump afirmó que el objetivo era “defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes del régimen iraní”. Agregó que las actividades iraníes “ponen en peligro directamente a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el exterior y a nuestros aliados”.
El término “inminente” no es accidental. En el derecho internacional contemporáneo, la legítima defensa requiere que exista un ataque armado o una amenaza inmediata y concreta. Sin la noción de inminencia, una acción preventiva se convierte en guerra preventiva, categoría mucho más difícil de justificar bajo la Carta de las Naciones Unidas.
Irán no posee un arma nuclear. No tiene capacidad demostrada para atacar el territorio continental estadounidense. Su arsenal de misiles es regional.
La argumentación presidencial desplaza entonces el eje hacia tropas y bases en el exterior.
Y aquí aparece una cuestión estratégica más profunda: las bases estadounidenses en el Golfo no son territorio estadounidense. Son despliegues militares en terceros países. Su proximidad a Irán responde a una lógica de contención. Desde la perspectiva iraní, esa presencia es una amenaza estructural. Desde la perspectiva estadounidense, la posible respuesta iraní a esa presencia es presentada como una amenaza inminente.
La noción de amenaza se vuelve bidireccional. Pero jurídicamente, la carga de la prueba recae sobre quien utiliza la fuerza.
Varios líderes europeos cuestionaron el encuadre legal del ataque. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, declaró que la acción unilateral no contaba con respaldo de la Carta de la ONU. El Consejo Europeo de Relaciones Exteriores describió la operación como una “guerra ilegal de elección”.
No es un debate ideológico. Es un debate sobre los límites del uso de la fuerza.
La palabra “inminente” funciona como bisagra. Sin ella, el relato se queda sin andamiaje. Con ella, se intenta construir la idea de que el ataque no fue una decisión política, sino una obligación defensiva, casi mecánica, casi inevitable. Es la clase de palabra que convierte una decisión discutible en una necesidad urgente. Pero el problema de fondo no es filológico, es geográfico.
Estados Unidos está separado de Irán por océanos y por una enorme distancia física. Por eso, el discurso se desplaza hacia “tropas y bases en el exterior”. Solo que esas bases no cayeron del cielo. Fueron instaladas y mantenidas como parte de una arquitectura regional cuyo centro es precisamente la contención de Irán. En otras palabras, se invoca como “amenaza” la posibilidad de una respuesta iraní contra instalaciones que existen para contener a Irán… Ese círculo no resuelve la discusión jurídica. Solo la muestra.
Y esto es antes incluso de discutir el objetivo político. Porque si la operación se justifica como legítima defensa, la pregunta inevitable no es moral ni ideológica. Es técnica: ¿qué hechos verificables, qué ataque armado previo o qué amenaza inmediata y concreta habilitaban el uso de la fuerza en esa escala, en ese momento, con esos blancos?
Decapitación y continuidad: el error de cálculo
La operación no se limitó a la infraestructura militar. Alcanzó centros políticos. El asesinato del ayatolá Ali Jamenei fue el punto de inflexión.
Desde fuera, suele suponerse que eliminar al líder implica desarticular el sistema. Esa lectura ignora la estructura institucional iraní.
Irán combina instituciones electivas con autoridad clerical y una poderosa red de seguridad. El presidente es elegido por voto popular. El Parlamento legisla. El Líder Supremo es designado por la Asamblea de Expertos. El Consejo de Guardianes supervisa legislación y candidaturas. Y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) es el eje de la continuidad estratégica.
La Guardia Revolucionaria Islámica no es una milicia improvisada. Es una estructura diseñada para operar bajo presión, con cadenas de mando redundantes y protocolos de sucesión activables en escenarios de decapitación. La eliminación de una figura central no paraliza automáticamente el sistema.
La expectativa de colapso inmediato fue un error de cálculo. Las movilizaciones masivas en Irán tras la muerte de Jamenei demostraron cohesión interna en lugar de fractura. Y para millones de chiitas dentro y fuera de Irán, Jamenei no era solo jefe de Estado, sino autoridad religiosa. La dimensión simbólica amplificó el conflicto.
Aquí conviene detenerse un momento, porque el razonamiento “matar al líder para quebrar al país” tiene la elegancia brutal de lo simple. Y en Medio Oriente, lo simple suele salir caro.
Ali Jamenei tenía 86 años y problemas de salud conocidos. La amenaza era previsible. Sin embargo, permaneció en su residencia habitual, en un lugar que no era un secreto de Estado. Eso reduce el mito tecnológico. En términos prácticos, no hacía falta “descubrir” lo que era público. La operación fue importante no por la dirección de una casa, sino por la decisión política de convertir a esa figura en blanco. Pero la consecuencia principal no fue administrativa. Fue simbólica.
En el chiismo, el martirio no es un capítulo decorativo. Es una gramática política. La memoria de la batalla de Karbalá, Huséin, la idea de dignidad frente a la imposición atraviesan siglos y se traducen al lenguaje contemporáneo con facilidad. Para una parte importante del mundo musulmán chiita, Jamenei no era solo un dirigente estatal. Era una autoridad religiosa mayor. Por eso su muerte no se reduce a un simple recambio en la cúpula del Estado, sino que supone una conmoción identitaria. Se vio en las reacciones regionales, protestas y movilizaciones en distintos países y comunidades.
Y aquí aparece el punto de continuidad que a menudo se pierde en la mirada externa: Irán no funciona como un edificio sostenido por un solo pilar. Funciona como un sistema construido para resistir presión: sanciones, guerra encubierta, sabotaje, ataques. La Guardia Revolucionaria Islámica opera como columna vertebral de la continuidad estratégica, y su doctrina contempla algo que en otros países se consideraría excepcional: la vulnerabilidad directa de la cúpula de mando. Por ello, el sistema integra redundancias, sustituciones, protocolos y autoridad delegada. Un “golpe decapitador” puede ser devastador. Pero también puede reforzar la cohesión interna del sistema.
De nuclear a misiles: el objetivo real
Durante años, el eje discursivo fue la bomba nuclear. Sin embargo, el objetivo declarado tras el 28 de febrero fue el desmantelamiento del programa de misiles.
Los misiles constituyen la columna vertebral de la doctrina defensiva iraní frente a la superioridad aérea estadounidense e israelí. Privar a Irán de esa capacidad mientras se habla de cambio de régimen equivale a despojarlo simultáneamente de disuasión y soberanía.
Irán respondió lanzando misiles contra objetivos israelíes y contra bases estadounidenses en el Golfo. La cadena de mando permaneció operativa. El conflicto dejó de ser unilateral. El costo de interceptar misiles es elevado. Los arsenales importan. La duración importa. La logística importa. Y cuando los objetivos declarados incluyen transformación política, la guerra tiende a extenderse.
Hay una razón por la que los misiles pasan al centro cuando el relato nuclear empieza a mostrar fatiga. El misil es un hecho, no una hipótesis. No requiere suponer “intenciones futuras” ni debates interminables sobre porcentajes de enriquecimiento. Existe, se lanza, golpea, obliga a interceptar. Y obliga a gastar.
Además, un programa misilístico no es un capricho estético. En un entorno donde el rival domina el aire, los misiles son una forma de compensación estratégica. No garantizan invulnerabilidad. Garantizan algo más modesto y más real: la capacidad de imponer costo, de disuadir, de evitar que el conflicto sea unilateral.
En los hechos, el patrón de respuesta iraní sugiere continuidad operativa. Y aquí hay un punto que conviene decir con claridad: si el objetivo real o práctico es desarmar a Irán de su principal herramienta disuasiva, Irán tiene un incentivo fuerte a usar esa herramienta antes de perderla. Esa dinámica crea una carrera peligrosa entre degradación y utilización. Se acelera la escalada no por ideología, sino por cálculo.
Y aquí aparece la paradoja nuclear que no conviene ignorar.
Alí Jamenei no fue solo un líder político. Fue, durante años, la referencia religiosa que sostuvo el argumento de que las armas nucleares eran incompatibles con una determinada lectura moral y religiosa del Estado. Esa posición se vinculó históricamente a una línea anterior en la revolución iraní, que se remonta a la experiencia de la guerra Irán-Irak y al rechazo a responder con armas químicas, incluso cuando Irán fue atacado con ellas.
Si se elimina a la figura que encarna esa prohibición, lo que se hace no es “cerrar” el debate. Puede ocurrir lo contrario: se reabre bajo condiciones más extremas. En la jurisprudencia chiita, los dictámenes pueden ser revisados si cambian las circunstancias. Si la circunstancia se redefine como amenaza existencial, ese debate deja de ser académico.
La operación se presentó como prevención. Pero puede empujar la región hacia el escenario que dice querer evitar. La paradoja es evidente: acaban de eliminar al mismo líder que había formulado la doctrina religiosa que prohibía la fabricación de armas nucleares.
Un conflicto potencialmente largo
A diferencia de confrontaciones anteriores, esta no fue presentada como intercambio limitado.
Cuando un Estado percibe que enfrenta una amenaza existencial, la lógica cambia. Rendirse implica desaparecer políticamente. Resistir implica asumir costos prolongados.
En Washington puede existir interés en una operación rápida, demostrativa, tecnológicamente contundente. En Tel Aviv puede pensarse en fases sucesivas. Esa divergencia importa.
El conflicto ya muestra expansión regional. Mercados energéticos reaccionan. Rutas marítimas se tensionan. Actores como Hezbollah evalúan su posición. Esto no se parece a episodios anteriores.
La diferencia Washington-Tel Aviv no necesita conspiraciones para existir. Puede ser más simple: prioridades distintas, calendarios distintos, costos distintos.
Estados Unidos suele buscar operaciones que puedan presentarse como “decisivas” sin quedar atrapado en una guerra prolongada. La memoria de Irak y Afganistán no es un detalle. Es un trauma institucional. Y, sin embargo, una campaña que se formula como cambio de régimen, o como neutralización total del programa misilístico, rara vez se resuelve en pocos días. Cambiar un Estado no es una huelga de precisión. Es un proceso.
Israel, por su parte, tiene otro tipo de cálculo. La geografía lo comprime todo. La tolerancia interna a impactos sostenidos es más limitada. De allí surge la tentación de eliminar la capacidad de respuesta iraní. Pero esa tentación es, al mismo tiempo, el camino más directo a una guerra larga: porque atacar el núcleo disuasivo iraní hace que Irán perciba que no está en juego un “episodio”, sino su supervivencia.
Y cuando se fuerza una guerra de supervivencia, la región entra en modo de expansión. Bases, infraestructuras, rutas marítimas, mercados energéticos y aliados regionales entran en el tablero. En ese punto, ya no existe el "conflicto contenido”. Existe incertidumbre administrada… hasta que deja de administrarse.
Umbrales que no regresan intactos
La autodeterminación de los pueblos no es una consigna moral abstracta. Es un principio jurídico incorporado al orden internacional para limitar la imposición externa de cambios de régimen.
Cuando la transformación política se convierte en objetivo militar declarado, el precedente trasciende el teatro inmediato.
Si la definición de “amenaza inminente” se amplía hasta incluir riesgos estructurales o potenciales, el límite entre defensa y guerra preventiva se difumina. Ese es el verdadero umbral cruzado el 28 de febrero. No solo el militar, sino también el jurídico, el estratégico y el sistémico.
El 28 de febrero no creó la tensión acumulada durante años. Pero sí rompió la contención. Y cuando la contención se rompe bajo argumentos que redefinen la inminencia y la soberanía, rara vez el sistema internacional vuelve a su estado anterior.
Hay otra manera de decirlo, sin grandilocuencia. Se ha normalizado un método: redefinir amenaza, ampliar objetivos y presentar el resultado como defensa. Ese método no empezó el 28 de febrero. El 28 de febrero lo vuelve explícito en una escala mayor.
La historia reciente muestra un patrón incómodo: muchas intervenciones se anuncian como soluciones rápidas, pero producen efectos secundarios estratégicos que perduran décadas. No por maldad abstracta, sino por cortoplacismo, por ignorancia cultural, por exceso de confianza técnica, por una lectura simplificada de sociedades complejas. El resultado suele ser el mismo: se rompe algo que era difícil de recomponer, y luego se descubre que el costo de recomponerlo supera el costo de haberlo dejado intacto.
Una nación no es un hombre
Un Estado no se reduce a un líder. Y una civilización no se reduce a un Estado.
Irán no es solo “un régimen”. Irán, o Persia si se prefiere el nombre civilizatorio, es una continuidad histórica larga, con memoria institucional, con capas de identidad que preceden por siglos a los debates de hoy. Eso no lo vuelve moralmente intocable ni políticamente perfecto. Lo vuelve algo más difícil de quebrar con una idea demasiado repetida en ciertos círculos: que la muerte de una figura central equivale al colapso automático.
El 28 de febrero cruzó umbrales militares y jurídicos. Pero también cruzó un umbral de comprensión. Quien piense que una sociedad así se “desarma” como un organigrama, descubrirá tarde lo que otras potencias descubrieron antes en otros escenarios: que los sistemas complejos no se rompen con facilidad, y cuando se rompen, no siempre caen hacia el lado que uno imaginó.
Como advertía Clausewitz, nadie debería iniciar una guerra sin tener claro qué pretende lograr y cómo piensa terminarla. La experiencia reciente sugiere que esa claridad rara vez es tan sólida como se presume.