El problema no es la deuda sino que no la pueden pagar
Hoy ya estamos enterados del alto nivel de mora de familias y empresas con bancos, tarjetas de crédito y billeteras virtuales. En mayo de 2026, la mora de las familias con billeteras virtuales se ubicaba en el 29,6%, mientras que, considerando conjuntamente bancos y proveedores no financieros de crédito, la morosidad rondaba el 15,5%. Los niveles de irregularidad volvieron a poner sobre la mesa comparaciones con la crisis de 2001, aunque se trata de universos y series diferentes. En el sistema financiero, una deuda pasa a situación 3 cuando registra un atraso superior a los 90 días; desde allí comienza el tramo más delicado hacia las categorías de mayor riesgo e incobrabilidad.
Las billeteras virtuales presentan una mora más elevada que el sistema bancario y también cobran, en general, tasas de interés superiores, en parte como cobertura frente a un mayor riesgo de incumplimiento. Parece la historia del perro que se muerde la cola: los intereses más altos agravan la dificultad de pago y la mayor mora, a su vez, aumenta el riesgo que se incorpora a las tasas. De todas maneras, las familias no se financian solamente con bancos y billeteras. También postergan pagos de alquileres, expensas, tasas e impuestos y recurren a formas de crédito que no aparecen en las estadísticas del sistema financiero.
A mayo pasado había aproximadamente 20,9 millones de personas con algún tipo de deuda registrada. No eran 20,9 millones de morosos: los que presentaban incumplimientos eran alrededor de 5,8 millones. La diferencia es importante, pero no vuelve menos grave el problema. Entre quienes ya se encuentran en las situaciones 4 y 5, es decir, las categorías más comprometidas, la deuda supera los 10 billones de pesos. Otros $4,08 billones se encuentran en situación 3 y buscan evitar caer en los escalones siguientes. Entretanto, en situación 2, todavía considerada de riesgo bajo, hay préstamos por unos $4,14 billones, de los cuales alrededor del 79% corresponde a entidades bancarias. A como marcha la economía argentina, en plena recesión y caída del consumo, luce muy dudoso que todos esos deudores puedan sostener sus compromisos durante el segundo semestre de 2026.
La situación 5, considerada irrecuperable, acumula aproximadamente $3,45 billones. Cerca de dos tercios corresponden a proveedores no financieros de crédito y alrededor de $1,15 billones a entidades bancarias. Y hay un dato particularmente alarmante: entre los jóvenes de hasta 24 años, la morosidad llega al 40,9%. Cuatro de cada diez créditos otorgados a ese grupo presentan incumplimientos. Los niveles de mora descienden a medida que aumenta la edad de los usuarios.
El Gobierno nacional no se hace cargo
No hay rescate estatal. La posición oficial es que las deudas deben resolverse entre quienes tomaron el crédito y las entidades que lo otorgaron. Desde el Banco Central se señaló tanto el desconocimiento financiero de algunos deudores como los errores de bancos y prestamistas que concedieron créditos a tasas muy altas. Desde el Gobierno también se sostuvo que muchos tomaron deuda esperando una devaluación que terminara licuándola y que los proveedores no financieros concentran una mayor proporción de clientes sin empleo en relación de dependencia, con ingresos menos estables y, por lo tanto, mayor riesgo crediticio. Milei fue todavía más claro: considera que se trata de un problema entre privados y que cada persona debe hacerse responsable de los riesgos que asumió al endeudarse.
Está claro: la respuesta oficial es no.
Sin embargo, salvo alguna estafa eventual, es necesario sincerar que millones de argentinos no tomaron crédito para especular con una devaluación. Lo hicieron, entre otras cosas, para comprar alimentos y bienes de consumo mientras perdían poder adquisitivo. La caída real de los salarios registrados desde el inicio del gobierno de Milei es del 8,7% si se utiliza el IPC oficial; según el cálculo de CEPA con las ponderaciones de consumo de la ENGHo 2017/18, la pérdida llega al 18,7%. Al mismo tiempo, la carga mensual de servicios de deuda de las familias alcanzó niveles muy elevados y cerca del 80% corresponde conjuntamente a préstamos personales y tarjetas de crédito.
Detrás de esta tragedia, y falta lo peor, el Ministerio de Economía tiene una gran responsabilidad. En julio de 2025, el desarme de las LEFI liberó alrededor de $10 billones de liquidez en el sistema bancario, en un contexto en que el crédito continuó expandiéndose mientras la morosidad ya comenzaba a convertirse en un problema. El Gobierno esperaba que la remonetización y el relajamiento monetario permitieran que la mora encontrara un techo durante el primer trimestre de 2026. No ocurrió. Fue como echar leña al fuego.
Todo parece señalar que ahora se encamina hacia una política diferente. Desde el Banco Central se anunció un nuevo ciclo crediticio más “saludable y selectivo”, en el que el historial de cada deudor tendrá mayor peso a la hora de decidir quién puede acceder al crédito y a qué costo.
¡Oh! Es simple. Un criterio “selectivo” significa que quienes hoy necesitan refinanciar sus deudas serán, precisamente, los que tendrán mayores dificultades para volver a ser considerados sujetos de crédito.
Que vayan buscando abogado.