Las vacunas del siglo XX y los avances de la ciencia han contribuido a prolongar varias décadas la vida promedio de los seres humanos. Se supone que es una muy buena noticia, pero viene acompañada de una preocupación inesperada: financiar 20 años de vida después de los sesenta y cinco cumplidos o 35 años de aportes laborales; es decir, dependiendo de los ahorros previsionales para continuar viviendo. Hasta en los países con sistemas sólidos, el sistema previsional está en revisión; los fondos jubilatorios no alcanzan porque estaban calculados para una expectativa de vida después de la jubilación mucho menor que la actual. Peor en Argentina, donde el Estado (en varias oportunidades) ha utilizado los ahorros previsionales acumulados para fines ajenos al pago de jubilaciones, afectando la sustentabilidad del sistema; aunque las responsabilidades varían según el signo político gobernante.
Luego que Cristina Fernández eliminara en 2008 el sistema privado de capitalización individual (AFJP), los fondos acumulados por los trabajadores (varias veces vulnerados) volvieron a manos del Estado bajo la órbita de la ANSES. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), creado por Néstor Kirchner en 2007 como fondo anticíclico para garantizar el pago de jubilaciones, recibió los activos de las AFJP.
Sin embargo, el FGS se continuó utilizando para objetivos reprochables:
La venta de acciones de Petrobras Argentina e Indupa y de bonos en dólares del FGS durante el gobierno de Mauricio Macri (2016-2019), algunas de cuyas operaciones fueron cuestionadas por organismos de control, incluida la Auditoría General de la Nación.
La decisión del ministro Massa (2023) de vender y canjear bonos en dólares del FGS por títulos pagaderos en pesos para estabilizar la macroeconomía.
El uso de recursos del FGS que hizo el ministro Caputo (2025) para frenar la cotización del dólar en los mercados financieros.
La decisión de Caputo (2026) de destinar hasta $2.000.000.000.000 del FGS de la ANSES para financiar préstamos hipotecarios a largo plazo a través de la banca privada.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, la ANSES contrató seguros de vida para los créditos de jubilados a través de Nación Seguros, con intervención de brokers privados cuyas comisiones son objeto de investigación judicial. El 7 de mayo de 2026, la Cámara Federal dictó la falta de mérito de Alberto Fernández en esta causa (ver información judicial ↗). Si bien el gobierno de Milei no renovó estos contratos en ANSES, según investigaciones periodísticas, YPF mantuvo intermediarios privados en sus contrataciones de seguros.
En suma, el sistema previsional argentino se ubica en los puestos más bajos del Índice Global de Pensiones, con graves problemas de sustentabilidad e integridad estructural, agravados por el uso discrecional de sus fondos.
El haber medio del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) en Argentina es de $760.792 según los datos oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) correspondientes a septiembre de 2026 y la jubilación mínima de octubre, con bono, apenas supera los $500.000. La canasta básica que calculó en marzo pasado la Defensoría de la Tercera Edad ya era de $1.800.000. Para quien llega sin patrimonio, la situación es dramática. Pero incluso para la clase media que todavía trabaja y llega a fin de mes, el problema toma una forma desconocida.
Al paso, un gran número de adultos mayores viven solos. Según los últimos datos del INDEC (agosto de 2026), el costo de la canasta básica para una persona sola que vive en el Gran Buenos Aires es el siguiente:
Canasta Básica Total (CBT - Línea de pobreza): $519.578,43 por mes (incluye alimentos y servicios básicos como transporte, salud, vestimenta y vivienda).
Canasta Básica Alimentaria (CBA - Línea de indigencia): $235.103,36 por mes (cubre únicamente los requerimientos kilocalóricos y proteicos esenciales).
La canasta básica total de referencia del INDEC no incluye el costo de un alquiler por lo que, si la persona alquila, el gasto mensual necesario suele ser considerablemente mayor. A esto se suma el costo de los medicamentos y tratamientos que requieren muchos adultos mayores, un gasto que la canasta general no refleja necesariamente en su verdadera dimensión.
Queda claro que, mientras gobierne Milei, la situación previsional no cambiará si continúa su política de ajuste fiscal toda vez que las prestaciones previsionales y otras pensiones representan alrededor del 45% del gasto primario del Estado y las jubilaciones y pensiones equivalen aproximadamente al 6,8% del Producto Bruto Interno (PBI), según el Presupuesto 2026. Si hay que ajustar, el sector que devenga la mayor parte del gasto público son los 7,9 millones de jubilados y pensionados, el sector social más numeroso pero con menor capacidad de reacción. ¿Con qué van a amenazar al Estado, con ir a la huelga? Una huelga de hambre, eso pueden hacer.
Si gana la oposición peronista, la situación mejorará; pero llevará un tiempo generar los recursos que permitan aumentar la jubilación un 100%, que sería lo razonable para recuperar la movilidad social perdida. Salvo que otra vez le den a la maquinita de hacer dinero sin respaldo, en cuyo caso la recomposición jubilatoria la pagarán los argentinos con inflación que mejora el IVA.
El problema es similar en otros países latinoamericanos
Chile, que fue durante décadas el símbolo internacional de la capitalización individual, aprobó en 2025 una reforma que devuelve los aportes de los empleadores e incorpora mecanismos solidarios, entre ellos una compensación para reducir la brecha de las mujeres.
México amplió sus pensiones no contributivas.
Bolivia mantiene la Renta Dignidad desde los sesenta años.
En todos los casos la cuestión es resolver el dilema económico de este principio de siglo ¿Cómo financiar 20/30 años más de vida sin ingresos laborales? ¿Quién se hace cargo de los recursos que le falten a la ANSES para recomponer los haberes jubilatorios? ¿La sociedad?
Opciones macroeconómicas:
1. Subir la edad jubilatoria. Es posible que la misma evolución sanitaria que afirma la longevidad permita también prolongar la actividad laboral hasta los 70 años. Cinco años que permitirían contener el crecimiento del gasto y dar tiempo para la reconversión y normalización del sistema.
2. Aumentar los aportes patronales. Las contribuciones patronales a la seguridad social son, en términos generales, del 18% o del 20,4% del sueldo bruto, según el tipo de empleador, pero solo entre el 9,27% y el 11,74% se destina al sistema jubilatorio. Llevar las contribuciones generales al 21%, destinando el incremento a las jubilaciones, supondría más presión tributaria para los empleadores alcanzados y una posible reducción del empleo ofrecido. Habría que imaginar algún tipo de compensación para evitar el lockout empresario.
3. Empujar el ahorro privado. Si el Estado vigila la transparencia del sistema y garantiza la liquidación de haberes, es un recurso interesante para los empleos calificados con alguna capacidad de ahorro.
Opciones microeconómicas:
La economía colaborativa. Consiste en crear organismos públicos (los actuales Centros de Jubilados que hay en todo el país, por ejemplo) que organicen pequeños universos por barrio, por manzana, por actividad, para compartir los gastos comunes. Un empleado con auto al servicio de todos los jubilados de la manzana para reducir al mínimo el costo del transporte seguro, una empleada que haga todo los trámites requeridos por los jubilados del grupo o la compañía necesaria para asistir a las consultas médicas, el plomero de confianza del barrio, la organización de cumpleaños, los seguros de sepelio… en fin, mil actividades posibles para mejorar la economía hogareña del jubilado y levantar su calidad de vida. Estado presente.
En USA se lo conoce como “movimiento Village”; se extendió por todo el país. En Beacon Hill, Boston, un grupo de vecinos se organizó para seguir viviendo en sus casas mientras envejecían. Pagan una cuota, contratan en conjunto y arman una red de ayuda que resuelve entre todos lo que de a uno cuesta mucho más.
En Vietnam, HelpAge International organiza clubes intergeneracionales que combinan actividades sociales, asistencia domiciliaria y pequeños fondos rotatorios de ahorro y crédito.
En Madrid, el programa Convive junta desde hace décadas a estudiantes con personas mayores que tienen una habitación libre y dan alojamiento a cambio de asistencia básica.
En Montreuil (París), la feminista Thérèse Clerc impulsó la Maison des Babayagas, una casa autogestionada por mujeres mayores que no se resignan a la soledad ni al geriátrico.
Las hipotecas inversas. Los que tienen casa propia para vivir (aunque esté destinada a herencia para los afectos), si la vida se estira hasta los noventa, ¿tiene sentido mantener intacto durante tres décadas un patrimonio que podría ayudar a pagar esos mismos años? Por herencia tiene un inmueble que vale cien mil de dólares, pero no puede pagar las expensas.
En otros países existen las hipotecas inversas que permiten obtener ingresos poniendo la vivienda propia como garantía, pero sin venderla ni tener que mudarse. Se trata de transformar la casa original en una fuente de recursos que pueden recibirse de una sola vez o mediante pagos periódicos, para afrontar los gastos cotidianos y mejorar los ingresos de bolsillo. Incluso podrían servir para financiar una mudanza a una vivienda más pequeña, si el propietario así lo decide, aunque eso no es una condición de la hipoteca inversa. En Argentina, este formato hipotecario no está desarrollado como una alternativa habitual, pero hay que pensar qué hacer con la casa; es un patrimonio importante que puede generar ingresos agregados.
Entonces…
¿Con qué recursos vivirá este jubilado otros veinte o treinta años con una jubilación miserable?
La cultura argentina del ahorro está hecha pedazos. Aprendimos a juntar dólares y desconfiar de las instituciones.
Pero, última paradoja, una vida más larga también cambia el sentido de la herencia: los hijos la recibirán cuando tengan sesenta años y, tal vez, la necesitaban antes.