Por la economía no fue.
La evolución del gasto público en los ejercicios 2024, 2025 y el trunco 2026 fue razonable, ajustada al IPC, con los recortes necesarios ante la caída del índice de cobranza de las tasas municipales y con la necesaria transferencia de recursos a los contribuyentes ante la caída de la Coparticipación Federal de Impuestos.
Ni bien la oposición recuperó la mayoría en el Concejo Deliberante le aplicó al Ejecutivo Municipal el más severo castigo imaginable: dejar a una Municipalidad sin recursos suficientes es impedirle gobernar, toda vez que un Municipio no puede emitir moneda ni acceder a un crédito externo. Debido al marco legal argentino, las municipalidades carecen de soberanía para emitir deuda externa por sí mismas o negociar directamente con la banca internacional.
Por política fue.
Primero los números
El Presupuesto aprobado de 2024 fue de $21.232.746.920,78. El Presupuesto y Cálculo de Recursos 2025 fue fijado en $39.996.344.913,63. Es decir, un aumento del 88% respecto del año anterior, contra una inflación en 2024 del 117,8% anual; significó un ajuste real del gasto público del 30% anual. El Presupuesto de 2026 era de $63.637.962.182,86, un aumento del 52% respecto del año anterior contra una inflación en 2025 del 32%, un incremento real del gasto público del 20% justificado por el aumento promedio del 100% en el gasto núcleo de consumos municipales: combustibles, maquinarias y medicamentos.
Además del mantenimiento de servicios urbanos esenciales, como agua, red cloacal, residuos y transporte, el gasto municipal del ejercicio 2025 tuvo tres vectores principales. En Salud, la inversión estuvo enfocada en la ampliación, equipamiento y modernización del Hospital Municipal “Arturo Illia”, cuyo final de obra está previsto para este año. En Vivienda, aumentó el gasto de capital destinado a la finalización de viviendas sociales, lotes con servicios y redes cloacales. En Salarios, se buscó la estabilidad del poder adquisitivo de los agentes municipales, que culminó en un salario mínimo de un millón de pesos, $880.000 de bolsillo, según la Paritaria para 2026.
El Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Económico y Financiero de 2026 se financiaba con dos recursos: $21.728.561.175,42 de ingresos tributarios provenientes de la coparticipación de impuestos, un 33% del gasto y una caída interanual de 17 puntos, cuando habitualmente la coparticipación financiaba el 50% del gasto público; y $41.141.408.183,44 de ingresos no tributarios, las tasas municipales, que debían cubrir el 66% restante.
La composición del gasto también es sencilla. $36.796.315.295,68 correspondían a gastos en personal, con 1.800 empleados en planta permanente y 200 contratados; $6.034.122.006,40 a bienes de consumo, de los cuales $3.000 millones eran combustibles y lubricantes; $10.170.824.033,95 a servicios, con $5.600 millones destinados a mantenimiento y limpieza; y $6.198.067.936,13 a bienes de uso, de los cuales $5.000 millones correspondían a viviendas y $1.200 millones a maquinarias. A eso se sumaba una deuda flotante presupuestada en $3.384.004.686,36, aunque el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires la estableció en $3.067 millones. Informes de bloques opositores en el Concejo Deliberante, no obstante, estimaron de manera global en $9.000 millones los compromisos pendientes y pasivos acumulados.
Sin el aumento del módulo tributario que disponía el Presupuesto 2026, el valor base se ubica en $123,89 por unidad, según la actualización dispuesta por la Municipalidad en agosto de 2026 de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor. El módulo tributario es el valor base para calcular tasas municipales, derechos de oficina, comercio, inspecciones y otras obligaciones fiscales locales en el partido. En los tres trimestres transcurridos, ese valor base registra un déficit del 30% en relación con el costo de los servicios previsto en el Presupuesto 2026.
Luego, los argumentos
Dejar librado el gasto público de 2026 a los recursos de 2025, con la ordenanza vigente, tiene un objetivo destituyente en medio de una crisis de recaudación impositiva que afecta gravemente las finanzas municipales. El objetivo es que Barrera renuncie ante la falta de recursos para cumplir con la prestación de servicios; algo similar a lo que le sucedió al intendente Baldo, UCR, en 2007, durante los últimos seis meses de su gestión. Ni nafta le vendían.
Cierto es que el intendente Barrera sostuvo una posición intransigente: “O votan el Presupuesto como está o nada”. Pero eso fue al final de un largo debate de dos meses, cuando ya estábamos en el segundo trimestre y resultaba evidente el intento de desfinanciar la gestión. “Aprueben el financiamiento para Residuos, Salud y Seguridad; con lo demás hagan lo que quieran”, les pidió el Intendente a los concejales. No lo oyeron. El 4 de mayo se votó el rechazo.
La política es así.
Los argumentos de la oposición no son pocos, como es natural después de 13 años de gestión, pero tuvieron el valor agregado de coincidir con el fin de la resiliencia de los comerciantes, apremiados por la “rentabilidad cero” y una presión impositiva agobiante, aunque no son las tasas las que provocan el quebranto de los comercios.
Uno de esos argumentos es la superpoblación de personal municipal. Es verdad. Barrera mantuvo una planta anual de contratados siempre en el orden de unas 200 personas y llevó adelante una política de incorporación a la planta permanente de entre 50 y 100 contratados por año, unos 800 durante su gestión. Fue una de sus políticas para incorporar al mercado de consumo interno a unas mil familias que quedaban desclasadas en invierno. También es cierto que la población de la ciudad creció a un ritmo vertiginoso después de 2007 y empujó el crecimiento apresurado de los servicios municipales, requiriendo más personal de planta.
Otro argumento es el crecimiento desmesurado del gasto social. No es verdad. Fue un gasto adecuado al crecimiento de la pobreza y de los asentamientos marginales que venían de varios años antes de que Barrera asumiera como Intendente. Entre 5.000 y 7.500 personas del conurbano y geselinos sin vivienda. No era posible desalojarlos, ni siquiera contenerlos al principio; fue necesario urbanizar, dignificar, incluir y asistir con alimentos y medicamentos. Pueden incluirse en la cuenta 7.000 jubilados y el crecimiento asombroso de los comedores escolares. Un gobierno peronista no puede desentenderse de los desposeídos. Justicia Social.
La clase media geselina, que fue tan generosa e inclusiva en los tiempos pioneros, ya no quiere sostener este gasto con su contribución obligatoria. Así votaron en 2023 y 2025.
Y está la inseguridad. Villa Gesell no es el conurbano bonaerense, lejos de serlo, pero la justicia garantista y la falta de cárceles en la provincia favorecen la “puerta giratoria” de los jueces para los ladrones reincidentes. Por ahora, este problema no tiene solución; haría falta una profunda reforma de las leyes y la decisión política de construir más alojamientos penitenciarios.
La represión del delito tiene buenos porcentajes de resolución de los ilícitos cometidos, pero los jueces devuelven los delincuentes a Villa Gesell. De manera que la solución a la tasa de acciones delictivas está en la prevención del delito. Para cumplir este objetivo se requiere la saturación de vigilancia por zonas, unos 500 agentes en la Guardia Urbana Municipal, y tareas de inteligencia encubierta que permitan detectar las acciones delictivas y alcanzar la flagrancia durante su comisión. Esta solución es cara pero imprescindible; la inseguridad es fatal para un destino turístico.
Aunque entran en la bolsa de la crítica opositora, la recesión económica, la falta de empleo, el narcotráfico y la crisis monetaria de la clase media no son culpas de una administración municipal; son problemas federales que deben resolver el Presidente y los gobernadores.
Entonces, ¿por qué no le aprobaron el Presupuesto 2026 a Barrera?
Por política fue. El elector se preguntará si la oposición midió las consecuencias de esta decisión para la calidad de vida de los contribuyentes y vecinos y la normal prestación de los servicios públicos. Tal vez sí; tal vez no. La duda es correcta porque, a lo que parece, por ahora el “castigo” lo están pagando los vecinos. Barrera está aguantando la parada, los servicios, con alguna mora, se siguen brindando y la Municipalidad sigue funcionando.
Esta primera pasada me deja bastante conforme con una cosa importante: sigue siendo Fernando. No convertí los argumentos en explicaciones nuestras y, especialmente, “objetivo destituyente” quedó donde estaba y como él lo escribió. También mantuve los golpes orales que tienen función narrativa: “Por la economía no fue”, “Por política fue”, “Ni nafta le vendían”, “La política es así”, “No es verdad”, “Justicia Social”.
Hay dos o tres lugares que después podemos discutir juntas, pero no los tocaría ahora por mi cuenta. Primero quiero que leas esta versión y me digas dónde sentís que Fernando sigue estando y dónde, si ocurre, sentís que Sol empezó a meter demasiado la mano.