«Y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira; todo es según el color del cristal con que se mira». (Ramón de Campoamor, “Las dos linternas”, 1846).
Es estéril escribir sobre “economía nacional” (economía del Estado) sin definir el lente ideológico con que se mira, en especial cuando son lentes tan antagónicos como los actuales.
La nueva escuela liberal predica que el capitalismo asociado con una economía de libre mercado internacional es el modelo apropiado para este Occidente del siglo XXI, fuertemente individualista. Considera que las personas tienen derecho a consumir sólo lo que puedan pagar, aun a conciencia de que hay quienes pueden pagar menos o nada. Es decir, se trata de un Estado sin gasto público, solamente proveedor de los servicios básicos que no sean rentables para la actividad privada, a compensar con cargas impositivas que equilibren el subsidio en las tarifas. Sin duda, si el pueblo lo acompaña en las elecciones, este Estado sólo puede tener superávit fiscal, lo que debiera traducirse en una disminución importante de los impuestos y una inflación moderada, sujeta a la evolución de los precios internacionales. Cuando el modelo es libertario, ¿el ajuste del gasto incluye una contracción de la industria nacional que no pueda competir contra los precios de los monopolios? Sí, tendrán que reconvertirse con la nueva tecnología o transformarse en distribuidoras de marcas extranjeras. ¿Incluye una quita (si se puede, total) del gasto del Estado en la obra pública? Sí, hasta donde se pueda. Si las provincias quieren rutas nuevas, las tienen que pagar, o las pagarán los chacareros y los ganaderos que exportan y cobran en dólares, o los camioneros que deban transportar los commodities a puerto si quieren mantener su próspero negocio. El Estado nacional no paga obras provinciales; para ello, en el sistema republicano federal, cada provincia tiene Constitución propia (con sujeción a las leyes federales), autonomía para dictar impuestos provinciales y autarquía para emitir su propia moneda o tomar crédito externo. ¿Este formato limita el desarrollo de las provincias pobres y dificulta la movilidad social de la población de menores recursos? Sí, pero la deuda externa hay que pagarla con ahorro hasta que se pueda acceder al crédito internacional para impulsar la recuperación económica o que sean blanqueados y entren al mercado 300 mil millones de dólares que están “en el colchón” de los argentinos.
La democracia capitalista es así, es la condición humana: ricos y pobres hubo siempre.
La vieja escuela peronista, al contrario, es estatista; propone un rol activo del Estado en la economía para subordinar el capital al bienestar social y lograr una independencia económica que rechaza tanto el capitalismo liberal puro como el comunismo estatista. Pretende la soberanía del capital nacional frente a los poderes financieros internacionales, controla los resortes fundamentales de la economía (servicios públicos, comercio exterior y actividades financieras) y permite la inversión privada en la explotación de estos rubros, pero con el control estatal de las áreas estratégicas, regulando precios para proteger a la población. Utiliza la política estatal para garantizar la mayor participación posible de los sectores asalariados en la riqueza nacional. Durante los tres gobiernos de Perón (el último breve, fallido) fue notable el desarrollo industrial autónomo y el fortalecimiento del mercado interno de consumo como alternativa al modelo agroexportador tradicional. En las siguientes experiencias peronistas, no; sin Perón hubo fuertes desviaciones hacia la derecha liberal primero (Menem) y hacia la izquierda internacional después (Cristina). La primera experiencia privatizó casi todas las empresas del Estado y terminó en una crisis económica con De la Rúa en helicóptero. Un dólar, un peso. Fue una fiesta fantástica para la clase media. Miami. Deme dos. La segunda aumentó mucho la calidad de vida de los pobres con los subsidios a los servicios públicos y los programas de ayuda social; pero el déficit fiscal finalmente se hizo insoportable, los impuestos crecieron, se volcaron a la inflación y lo terminó el dudoso manejo de la pandemia de Covid. El problema electoral del peronismo no es la Doctrina, es la desconfianza en sus dirigencias que tienen la clase media y el capital nacional. Necesita a ambos para ganar en la segunda vuelta.
En nuestro modelo presidencialista, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) tiene enormes atribuciones para conducir la economía nacional a través del Presupuesto anual. La experiencia reciente demostró que, ante la falta de una nueva ley presupuestaria, puede prorrogar el presupuesto anterior. Por eso la elección a Presidente es de importancia ideológica cuando los candidatos representan doctrinas antagónicas y las partes electorales son similares.
Estamos en libertad, en Democracia; podemos votar. Creo que allí está el primer problema que la oposición debe poner por delante: en una sociedad desigual no hay una libertad que valga la pena defender con el voto, primero hay que cubrir las necesidades básicas del elector. Las elecciones legislativas de 2025 tuvieron una concurrencia del 67,85% del padrón electoral; este porcentaje de participación fue el más bajo registrado en el país desde el retorno a la democracia en 1983. En 2027 seguirá bajando. Los electores bajo la línea de pobreza ya van entendiendo que, en estas condiciones, la libertad es un cuento y, cuando la clase media argentina confirme que «con la democracia no se come, no se cura y no se educa», el Contrato Social estará en riesgo. ¿De qué les sirve a los argentinos vivir en un país exuberante en recursos alimentarios si la comida de calidad no está al alcance de unos 15 millones de jefes y jefas de hogar que ganan menos que el costo mensual de la canasta familiar? Más el costo de los alquileres: el 21% de los hogares alquila una vivienda. Según el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, el porcentaje de hogares que habitan una vivienda propia es del 65,7% (aproximadamente 10,4 millones de hogares); el 21% son inquilinos, un 6,3% vive en una propiedad prestada, un 1,3% en una cedida por trabajo y un 5,8% en otras condiciones.
Es simple, este paquete de medidas ha provocado la pérdida de 350.000 puestos de trabajo en dos años y medio de gestión libertaria. El crecimiento del agro, la minería y los hidrocarburos no lo compensan, ni cerca. De hecho, representan una porción pequeña de la población empleada. Según datos oficiales y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el agro (agricultura y ganadería) concentra 324.300 trabajadores formales registrados, el 5% del empleo privado formal del país; la minería, 40.141 puestos según la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera; y los hidrocarburos (petróleo y gas, explotación de minas y canteras), 86.800 registrados. En total, 451.241 empleos registrados, sólo el 3,5% de los 12,8 millones de trabajadores registrados en la seguridad social, aunque la cifra total de personas ocupadas, incluyendo el trabajo informal, abarca a una porción mucho mayor de la población activa.
El comercio, la industria manufacturera, la construcción y los servicios constituyen el núcleo principal del mercado laboral: concentran el 80% del empleo privado formal del país. De acuerdo con los datos históricos y los relevamientos del SIPA, el comercio representa aproximadamente el 20,1% del total de los asalariados privados registrados del país; la industria nacional manufacturera concentra cerca del 18,5%; los servicios, agrupando diversos segmentos (servicios empresariales, financieros, inmobiliarios, de transporte y hotelería), representan un bloque masivo que supera el 35% del empleo formal, consolidándose como el mayor sostén general de puestos laborales; y la construcción representa aproximadamente el 6% del total del empleo privado formal del país. Históricamente, el volumen de ocupación formal en esta actividad fluctúa según el ciclo económico, promediando 400.000 puestos asalariados registrados según la marcha de la obra pública y privada. El resto de la Población Económicamente Activa (PEA), el 40% de los trabajadores en el país, se desempeña en la informalidad sin protecciones sociales completas. La tasa de desempleo se ubica en torno al 8% o 10% de la población económicamente activa (unos 3 millones en el paro).
A contrapelo, la especulación financiera ha dejado, otra vez, ganancias extraordinarias para una inversión que no produce nada útil para el conjunto laboral; una alta rentabilidad que no se vuelca a la producción de bienes sino que, al revés, produce la fuga de capitales del sector productivo al sector financiero.
El crecimiento económico es exitoso si sus beneficios se distribuyen de forma equitativa, de lo contrario sólo es propaganda de los países ricos con pueblos pobres. El agro, la minería y la energía concentran las inversiones de alta productividad; pero la industria nacional, la construcción y las PyMEs están en caída libre. No porque sean incompetentes (otro discurso liberal), sino porque no pueden competir contra productos importados sin aranceles que no tienen el peso impositivo de un 30% o 40% de impuestos en la composición del precio. Entretanto, el comercio se derrumba simplemente por la recesión económica; no hay consumo. Por eso presumo que en Argentina el próximo voto será ideológico; son muy antagónicas las dos posiciones mayoritarias, son excluyentes. Este debate no lo resuelven los candidatos con sus pericias oratorias ya conocidas, lo resuelve el electorado con su ideología, su forma de ver el mundo. Es un voto en defensa propia.