La irrupción de China en la industria automotriz mundial suele presentarse como una historia de competencia comercial: vehículos eléctricos cada vez más sofisticados, precios difíciles de igualar y marcas que hasta hace pocos años eran prácticamente desconocidas fuera de su mercado doméstico y hoy disputan compradores en Europa, América Latina y buena parte del mundo. Pero detrás de esa competencia existe una transformación bastante más profunda. China no sólo está vendiendo automóviles. Ha construido una estructura industrial que integra minerales, procesamiento, baterías, electrónica, software, ingeniería y fabricación a una escala que está modificando la distribución internacional de capacidades tecnológicas.
Argentina, Brasil y Reino Unido enfrentan esa transformación desde posiciones completamente diferentes. Argentina posee litio, una industria automotriz con décadas de historia y acceso al mercado del Mercosur, pero ha privilegiado recientemente la apertura a vehículos electrificados importados. Brasil utiliza el tamaño de su mercado, aranceles e incentivos industriales para inducir a los fabricantes chinos a producir localmente y aumentar gradualmente su integración con proveedores e ingeniería brasileños. Reino Unido, aliado estratégico de Estados Unidos y sin la abundancia mineral sudamericana, concentra sus esfuerzos en conservar manufactura avanzada, investigación, ingeniería y producción de baterías. Tres países distintos frente al mismo desplazamiento industrial.
Compararlos permite observar algo que las estadísticas comerciales por sí solas no muestran. En la industria contemporánea, producir, controlar tecnología y capturar valor son cosas relacionadas, pero no equivalentes. Un país puede extraer el mineral sin fabricar la batería; ensamblar el automóvil sin diseñarlo; fabricar componentes sin controlar las patentes; recibir miles de millones de dólares de inversión extranjera sin adquirir por ello la capacidad de reproducir la tecnología que esa inversión trae consigo. La cuestión que atraviesa los tres casos es, por lo tanto, cuánto de la transformación industrial en curso consigue convertirse en capacidad tecnológica propia.
La discusión contemporánea utiliza para ese problema una expresión cada vez más frecuente: soberanía tecnológica. No significa autarquía ni supone que un país deba producir todo dentro de sus fronteras. Se refiere, en términos generales, a conservar o desarrollar suficiente conocimiento, infraestructura y capacidad productiva en tecnologías consideradas estratégicas para evitar que decisiones fundamentales dependan enteramente de terceros. La discusión europea sobre autonomía estratégica surgió en buena medida de comprobar vulnerabilidades en semiconductores, baterías, infraestructura digital, energía y otras cadenas críticas. No es necesario controlar cada eslabón. Es necesario saber cuáles no se puede permitir perder.
Cuando la fábrica también es poder
Ahí China adquiere una importancia que excede ampliamente al automóvil. Según la Agencia Internacional de Energía, en 2025 China concentró alrededor del 70% de la producción mundial de automóviles eléctricos, más del 80% de las celdas de baterías, aproximadamente el 85% de los materiales activos de cátodos y más del 90% de los correspondientes a ánodos. No domina de la misma manera todos los minerales en su estado natural; su ventaja fundamental aparece al observar el procesamiento, los materiales, los componentes, las celdas y la escala industrial que los integra. Esa distinción es fundamental para Argentina. El mineral es el comienzo de la cadena. No es la cadena.
La transformación china obliga también a mirar qué ocurrió en paralelo en buena parte de Occidente y, particularmente, en Estados Unidos. Durante décadas, mientras China acumulaba capacidad industrial, una parte creciente de la economía estadounidense se desplazaba hacia las finanzas y numerosas cadenas productivas se trasladaban al exterior. Lo que ha llegado a sus límites es una determinada organización económica que pudo combinar financiarización, expansión del crédito y de la deuda, deslocalización productiva y acceso a manufacturas baratas producidas en el exterior. Mientras Occidente trataba la producción como una actividad que podía trasladarse allí donde resultara más barata, China acumulaba fábricas, infraestructura, proveedores, ingeniería y conocimiento. Y con ellos acumulaba algo más difícil de medir: capacidad de hacer. Esa diferencia hoy resulta difícil de ocultar. No se expresa solamente en las cifras de crecimiento, sino en infraestructura, transporte, energía, capacidad industrial y velocidad de incorporación tecnológica. El contraste obliga a recuperar una idea que durante buena parte de la globalización occidental quedó relegada: la industria y la tecnología también son poder. Eso no significa que Estados Unidos haya dejado de ser una potencia. Significa algo distinto: el agotamiento de una determinada organización económica no es lo mismo que la desaparición del poder acumulado por el Estado que la construyó.
Pero si la capacidad industrial y tecnológica vuelve a ocupar un lugar central en la distribución del poder, la cuestión para un país como el nuestro ya no es solamente comprender por qué China llegó hasta aquí. Es decidir qué capacidades necesita construir la Argentina para no quedar reducida a comprar la tecnología que otros desarrollan y vender los recursos que otros necesitan. Y ahí la discusión deja de ser china. Se vuelve argentina.
Un antecedente argentino: tecnología, dependencia y poder nacional de decisión
Esta discusión no es del todo nueva para la Argentina. Décadas antes de que la expresión “soberanía tecnológica” entrara en el vocabulario contemporáneo, la relación entre tecnología, capital extranjero, interdependencia y capacidad nacional de decisión ya aparecía en el pensamiento político argentino. Una de sus formulaciones más explícitas fue la de Juan Domingo Perón.
En el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, Perón plantea el problema con una claridad que vuelve innecesario modernizarle el lenguaje. Cuando analiza la industria sostiene que “sin tecnología nacional no habrá una industria realmente argentina”. La preocupación no se limita a fabricar. Lo que está en juego es la capacidad de dominar conocimientos sin los cuales una estructura industrial puede crecer y, sin embargo, seguir dependiendo de decisiones tecnológicas tomadas en otra parte. La Tercera Posición no supone aislamiento ni autarquía. En el Modelo Argentino, Perón parte de una realidad que hoy resulta todavía más evidente: el mundo es cada vez más interdependiente. Argentina necesita relacionarse con los grandes centros económicos y tecnológicos, incorporar conocimientos desarrollados en el exterior y recibir capital extranjero. El problema no está en la relación, sino en las condiciones bajo las cuales esa relación se establece.
Por eso Perón puede sostener al mismo tiempo que el capital extranjero debe participar de la economía argentina y que no puede transformarse en un factor determinante e irreemplazable del desarrollo. Puede reconocer que Argentina no está en condiciones de producir con igual eficiencia todo el conocimiento científico-tecnológico que necesita y, a la vez, advertir que una dependencia tecnológica prolongada limita su autonomía. No hay contradicción entre ambas posiciones. Hay una jerarquía. La interdependencia es inevitable; la dependencia no. El límite aparece allí donde comienza a perderse la capacidad de decidir. Perón sostiene que los conocimientos incorporados a las nuevas inversiones deben permanecer en manos nacionales o ser “gobernables por el país”. De allí deriva una formulación decisiva para esta discusión: debe existir un “poder nacional de decisión” capaz de conducir el desarrollo científico y tecnológico que Argentina considere estratégico.
Leído desde el presente, ese razonamiento se acerca notablemente a lo que hoy se denomina soberanía tecnológica. No exige fabricar todo ni rechazar aquello que viene del exterior. Exige conservar suficiente conocimiento y capacidad propia para que la interdependencia no se convierta en subordinación. Ése es también el criterio con el que deberían evaluarse las relaciones con China, Estados Unidos o cualquier otra potencia: no por su nacionalidad, sino por aquello que permiten construir, controlar y aprender dentro del país.
China tiene una estrategia. Argentina necesita la suya
China no tiene obligación alguna de industrializar Argentina. Tampoco existe razón para esperar que una empresa china transfiera espontáneamente las tecnologías que constituyen su ventaja competitiva. Beijing y sus empresas persiguen objetivos propios: asegurar recursos, ampliar mercados, sostener escala industrial, internacionalizar marcas, proteger conocimientos acumulados y colocar capital allí donde resulte conveniente.
Si una compañía china puede participar de la extracción del litio argentino, procesar los materiales dentro de una cadena bajo su control, fabricar las celdas y baterías, incorporarlas a un automóvil diseñado con tecnología propia y vender después ese vehículo en nuestro mercado, no existe ninguna contradicción. Ha actuado racionalmente desde el punto de vista de sus intereses. El problema comienza cuando Argentina entra en esa relación sin una estrategia nacional argentina. Y acá conviene abandonar las abstracciones y mirar qué está ocurriendo.
El Gobierno argentino creó en 2025 un régimen que permite importar anualmente hasta 50.000 vehículos eléctricos, híbridos y de otras tecnologías alternativas con arancel extrazona del 0%, frente al 35% que regía anteriormente para esas unidades, dentro de determinados límites de valor. El objetivo oficial es ampliar la oferta, introducir nuevas tecnologías y aumentar la competencia para reducir precios. Es una política comercial perfectamente identificable y tiene una lógica desde el punto de vista del consumidor. Lo que no tiene un equivalente de igual claridad es la política destinada a utilizar ese acceso al mercado para obtener nuevas capacidades industriales. Argentina no parte de cero. Conserva una estructura automotriz relevante, aunque deteriorada. Produjo 490.876 vehículos en 2025 y exportó 280.589; posee una red de autopartistas y una industria integrada históricamente con Brasil. A eso agrega un recurso que no poseían los países que construyeron la industria automotriz del siglo XX: una de las principales dotaciones mundiales de litio.
Sin embargo, esas ventajas permanecen en gran medida separadas. Tenemos litio por un lado, industria automotriz por otro y apertura a la nueva movilidad por un tercero. Lo que falta es la política que conecte las tres cosas. Extraer litio y exportarlo genera divisas e inversión, pero no construye automáticamente una industria de baterías. Entre el mineral y la batería existen refinación, productos químicos, materiales de cátodo y ánodo, celdas, sistemas de gestión, electrónica, ingeniería y propiedad intelectual. Pretender localizar toda esa cadena sería probablemente irrealista. No hacerlo en absoluto significaría resignarse a ocupar los extremos de menor capacidad tecnológica: proporcionar recursos y comprar productos terminados. La política industrial consiste precisamente en decidir qué eslabones tiene sentido disputar.
Brasil convierte su mercado en poder de negociación
Brasil ofrece una comparación particularmente útil porque enfrenta a los mismos fabricantes chinos, pero utiliza instrumentos diferentes. Su estrategia no consiste en impedir la llegada de China. Busca convertir el tamaño del mercado brasileño en poder de negociación. El programa MOVER combina incentivos fiscales con inversiones en investigación, desarrollo tecnológico, eficiencia energética, reciclabilidad y producción avanzada. El gobierno brasileño previó más de R$19.000 millones en incentivos entre 2024 y 2028 y estableció requisitos vinculados con eficiencia, origen y contenido de los vehículos. Paralelamente, recuperó gradualmente los aranceles sobre automóviles electrificados importados y aceleró en 2026 el aumento de los aplicados a vehículos que ingresan desmontados en formato SKD y CKD.
La consecuencia no fue la retirada de las empresas chinas. Fue su instalación. BYD ocupó en Camaçari, Bahía, el antiguo complejo de Ford. Comenzó con un esquema todavía dependiente de kits y componentes importados, pero asumió el compromiso de superar el 50% de contenido local a comienzos de 2027 y avanzar hacia una fabricación más integrada. GWM, por su parte, instaló su primera fábrica en América en la antigua planta de Mercedes-Benz de Iracemápolis y comenzó a desarrollar una red de proveedores brasileños. Pero la cantidad de piezas locales es solamente una parte de la historia. BYD desarrolló durante dos años, mediante equipos brasileños y chinos, una versión híbrida enchufable capaz de utilizar etanol, tecnología adaptada específicamente a una ventaja energética brasileña. La empresa informó una inversión de R$100 millones en ese desarrollo y anunció planes para aumentar la producción local de baterías.
No hay que exagerar lo que esto significa. El desarrollo conjunto de un híbrido flex no convierte automáticamente la propiedad intelectual de BYD en brasileña. Una parte sustancial de la tecnología fundamental continúa perteneciendo a la empresa china. Tampoco una planta que comienza ensamblando kits debe presentarse como prueba de una cadena plenamente nacionalizada. Pero Brasil está obteniendo algo que no aparece con la misma intensidad en Argentina: un proceso deliberado de localización progresiva. Producción primero; proveedores después; ingeniería y adaptación tecnológica donde resulte posible; baterías y mayor integración como objetivos siguientes. Brasil puede fracasar en parte. Puede terminar capturando menos tecnología de la que pretende. Precisamente por eso la experiencia brasileña es interesante: no demuestra que la soberanía tecnológica ya haya sido conquistada. Demuestra que está siendo negociada.
Reino Unido defiende otra parte de la cadena
El caso británico elimina cualquier posibilidad de interpretar esta estrategia como una peculiaridad del Sur Global o una posición ideológica favorable a China. Reino Unido no puede competir con Brasil mediante abundancia de minerales ni con China mediante escala y costos industriales. Posee otros activos: ingeniería, investigación, universidades, diseño, automovilismo avanzado, software y una industria de vehículos de alto valor. Su política intenta preservar precisamente esas capacidades mientras reconstruye uno de sus puntos débiles: las baterías.
El programa DRIVE35 moviliza £4.000 millones hasta 2035 para inversión e investigación vinculadas con vehículos de cero emisiones. No financia únicamente líneas de montaje. Incluye baterías, motores y sistemas de propulsión eléctrica, electrónica de potencia, componentes upstream, reciclaje y tecnologías para vehículos definidos por software. La gigafábrica de Agratas en Somerset, vinculada a Jaguar Land Rover, recibió una oferta de apoyo público de hasta £380 millones dentro de una inversión privada proyectada cercana a £5.000 millones. AESC desarrolló en Sunderland otra gran instalación de baterías asociada a la producción eléctrica de Nissan, aunque su expansión ha encontrado dificultades y retrasos. La estrategia no está exenta de problemas; lo significativo es aquello que el Estado considera necesario conservar dentro del territorio británico.
Al mismo tiempo, Reino Unido no ha cerrado la puerta a las empresas chinas. Chery estableció investigación en Millbrook para trabajar en chasis y sistemas avanzados de asistencia y firmó con Nissan un acuerdo no vinculante para estudiar la fabricación de vehículos en Sunderland. El capital puede ser chino; la discusión británica consiste en cuánto empleo, ingeniería, investigación y manufactura puede permanecer en Gran Bretaña. Brasil utiliza mercado y escala. Reino Unido utiliza conocimiento acumulado y política industrial. Ambos parten de lo que ya poseen e intentan evitar que la transición tecnológica destruya aquello que todavía saben hacer.
Argentina dispone de otros instrumentos. El problema es que todavía no los está articulando. Un fabricante chino que quiera vender decenas de miles de automóviles en Argentina no es solamente un proveedor de vehículos. Es una empresa que controla tecnología, capacidad industrial y cadenas de proveedores y que, al mismo tiempo, busca acceso a recursos y mercados que Argentina posee. Ahí existe una negociación potencial. La diferencia entre apertura comercial y política industrial reside en qué hace el Estado con esa posibilidad.
Argentina para los argentinos
Existe otra lectura, expresada bajo la fórmula “América para los americanos”, según la cual China debería retroceder como proveedor de manufacturas y Argentina debería reconocer que su espacio estratégico pertenece al hemisferio americano y, en consecuencia, a una relación prioritaria con Estados Unidos. El problema no es la preferencia por Estados Unidos. Un gobierno argentino tiene perfecto derecho a concluir que Washington constituye el socio más conveniente para determinadas tecnologías, inversiones o mercados. El problema aparece si esa elección geopolítica sustituye a la política industrial. Expulsar manufacturas chinas no fabrica una batería argentina.
Si Estados Unidos ofrece mejores condiciones para instalar producción, desarrollar proveedores, financiar infraestructura, transferir conocimiento o abrir mercados, Argentina debería aprovecharlas. Si China ofrece mejores condiciones en otra cadena, debería negociar con China. Y si Europa, Japón, Corea o India permiten diversificar dependencias y adquirir capacidades que ninguno de los dos grandes competidores está dispuesto a compartir, la lógica debería ser la misma. Eso nos devuelve a la Tercera Posición, pero no como consigna histórica. La Tercera Posición no es una distancia: es un centro de decisión. Reducirla a “ni Estados Unidos ni China” sería convertirla en neutralidad. Y reducirla a una alianza automática con cualquiera de los dos sería vaciarla del otro lado.
En el Modelo Argentino, Perón parte de una realidad que hoy resulta todavía más evidente: la interdependencia. El límite no está en el origen extranjero de un capital, una máquina o una tecnología. Está en el momento en que aquello que viene de afuera se vuelve tan determinante e irreemplazable que comienza a condicionar la capacidad nacional de decisión. Entendida de ese modo, la Tercera Posición no señala una distancia equivalente entre dos centros de poder. Señala el lugar desde el cual se decide. China puede ser indispensable en determinadas cadenas tecnológicas y Estados Unidos en otras. Argentina puede relacionarse con ambos, y también con Europa, Brasil, India, Japón o Corea. La cuestión es si esas relaciones se organizan alrededor de una estrategia definida desde afuera o de capacidades que el propio país ha decidido preservar y desarrollar.
China entendió esa relación entre tecnología y poder hace décadas. Brasil parece haber comprendido que el ingreso masivo de capital chino puede utilizarse para reconstruir parte de su capacidad industrial. Reino Unido intenta preservar los segmentos tecnológicos que considera indispensables aun mientras recibe inversiones y productos extranjeros. Argentina todavía posee activos importantes. Pero poseer activos no constituye una estrategia. La diferencia no la determina China. La determina Argentina.
El interés nacional como política industrial
El verdadero dilema no es apertura contra proteccionismo, ni China contra Estados Unidos. La cuestión es si Argentina posee una estrategia suficientemente precisa para negociar con cualquiera de ellos. Una política de soberanía tecnológica no necesita aspirar a la independencia absoluta. Necesita identificar dependencias críticas, preservar conocimientos existentes, seleccionar capacidades nuevas que valga la pena construir y utilizar instrumentos como el mercado, la regulación, el financiamiento y la ciencia para desarrollarlas. Argentina no puede copiar a China, Brasil o Reino Unido. Sus recursos, escala, instituciones y restricciones son diferentes. Pero sí puede aprender la lección común: la capacidad tecnológica se ha convertido en una condición del poder económico y, crecientemente, del poder geopolítico.
Para la Argentina, además, esta discusión no necesita importarse completamente desde Europa. Existe una tradición propia que vincula industria, tecnología, capital extranjero e interdependencia con una cuestión fundamental: el poder nacional de decisión. Ése es también el criterio con el que debería pensarse hoy la relación con China, Estados Unidos o cualquier otra potencia. La cuestión no consiste en decidir cuál debe ocupar el lugar de la otra, sino en definir qué capacidades necesita conservar y construir la Argentina para que, cualquiera sea la potencia con la que negocie, la decisión final siga siendo argentina.